No hay que hacer historia patria para saber que las actividades de los hijos del presidente de turno siempre han sido objeto de polémica y hasta de menoscabo de los poderes del Ejecutivo. Tampoco hay que hacer un gran esfuerzo mental para deducir que la controversia por los negocios de Tomás y Jerónimo Uribe no es más que un anzuelo para pescar algo más grande; casos similares hay muchos -unos legales, otros no; unos éticos, otros no-, pero no revisten el interés malsano que este despierta.
Es normal que haya suspicacias en un país donde el tráfico de influencias es tan pródigo como el de narcóticos, y donde hasta se compran leyes -como se desprende de una conversación entre ejecutivos de Fendipetróleo-. Pero hay que entender que una cosa es hacer o tener negocios con el Estado y otra, muy distinta, es hacer trámites ante el Estado, con apego a la ley, que son los mismos para cualquier ciudadano. Solicitar la aprobación de una zona franca no es hacer un negocio con el Estado, sino un trámite ante él; es como pedir licencia de funcionamiento para un negocio -una discoteca, una cafetería- en los términos que la Ley exige.
Existe el prejuicio de que a ellos les aprobaron la solicitud sólo por ser los hijos de Uribe, pero el Gobierno ha reglamentado 47 zonas francas, en las que no participan hijos del Presidente, y no hay razón para pensar que ellos -y sus socios- carecen de la idoneidad suficiente para desarrollar un proyecto con el cumplimiento de los requisitos que tantos otros han solventado.
Los Uribe no necesitaban recibir beneficios espurios por parte de los subalternos del papá porque la Ley obliga a aprobar las solicitudes que cumplen los requisitos. Tampoco requerían ‘información privilegiada’ porque no es el Estado el que decide dónde habrá zonas francas ni dónde hay un negocio que pinta bien. Sugerir que hubo información confidencial equivale a decir que nadie sabía que Bavaria tenía ese lote en venta -con avisos de prensa y todo-; que por allí pasa el tren desde 1917; que la doble calzada está prevista desde 1995, o que el POT de Mosquera proyectaba ese terreno como de uso industrial desde el 2000. Es una necedad sugerir que ese lote iba a ser una ‘selva virgen’ hasta el fin de los tiempos, a menos que un poder malévolo metiera baza allí.
Otra cosa que no hace honor a la verdad es la tergiversación malintencionada de que los Uribe le están robando al Estado 3.000 millones de pesos, cuando esta suma corresponde a la estimación de ganancias de un negocio privado; es más, puede que estén haciendo las cuentas de la lechera y la utilidad sea mucho menor, pero el hecho es que no hay dineros públicos ahí.
Y, por cierto: no hay nada de indecente en el hecho de que alguien haga fortuna lícitamente, a la edad que sea. Es de una aterradora pobreza intelectual argumentar que unos jóvenes como los Uribe (el mayor tiene 28 años) no deberían estar ganándose miles de millones a estas alturas, sino ” ‘mochiliando’ en la Sierra Nevada de cuenta del papá”. Resulta que estos pipiolos no lo han hecho nada mal: SalvArte proporciona sustento a 200 familias de artesanos; mientras que Ecoeficiencia tiene 303 empleados con todas las prestaciones de ley.
El odio de clases, mezclado con la noción de que la riqueza es pecaminosa, es un peligroso coctel maniqueísta que no le hace bien a Colombia. Por el contrario, de estos necesitamos muchos más. Lo que tienen Jerónimo y Tomás es una ‘formación privilegiada’, por lo que hay que abogar por una educación de calidad para todos y propagar la vocación empresarial entre la juventud colombiana.
Cuando los Uribe vendían artesanías, les parecían buenos muchachos a todo el mundo porque esos abalorios no dan plata. Pero un gran negocio era el papayazo perfecto para armar otro sainete protervo contra el Gobierno. La inconveniencia del negocio no se discute, pero el trámite es legítimo.
Saúl Hernández
Tomado de El Tiempo
