Por: Ramiro Bejarano

Fuente: El Espectador – Bogotá, Colombia

Se necesita mucho carácter para atreverse a decir que a Alfonso Cano no le respetaron la vida y que lo ajusticiaron, y además sostener que la salida militar al conflicto armado es inútil mientras no haya una solución social.

La frase no es de Piedad Córdoba, tampoco de un militante de la izquierda, menos de uno de los jefes liberales, quienes por estos días andan entregados a la orgía de una constituyente del partido a la que no han sido invitados los copartidarios de a pie, sino preferencialmente congresistas, diputados, concejales, manzanillos y lagartos.

El responsable de este desafío público fue un vocero de la Iglesia católica, el nuevo arzobispo de Cali, Darío Monsalve, quien por fortuna llegó a suceder a monseñor Sarasty, cuya gestión fue desastrosa.

Se necesita mucha convicción para salir a pregonar que el Estado le aplicó la pena de muerte al jefe de las Farc, cuando en este país hay quienes son capaces de expresar su complacencia con la tesis de la eventual ejecución de Cano, como ha ocurrido en el pasado, por ejemplo, cuando otro sacerdote, el padre Llanos, se fue de bruces aplaudiendo la muerte de Raúl Reyes, en vez de rezar un réquiem por su extraviada vida.

Resulta inevitable no inquietarse ante esta hipótesis estremecedora de Monsalve: “¿Por qué no trajeron vivo, por ejemplo, a Alfonso Cano, cuando se dieron todas las condiciones de desproporción absoluta y de sometimiento y reducción a cero de un hombre de más de sesenta años, herido, ciego y solo?, y, ¿por qué encapsular la lucha antiguerrillera en ese marco de traer muertos a los cabecillas, sin agotar el marco ético de la no pena de muerte, de la captura como objetivo legal?”.

Que el Gobierno haya guardado silencio ante tan duras declaraciones, que ponen en tela de juicio la transparencia del operativo donde dieron de baja a Cano, es preocupante. Y lo es más si se tiene en cuenta que hace apenas unas horas el propio presidente Santos le respondió con “furia” a Piedad Córdoba, por dudar que las Farc sean las asesinas de los cuatro uniformados secuestrados. No hay coherencia que en un caso el Gobierno reaccione con “coraje” y en el otro guarde prudente silencio.

El arzobispo no invocó planteamientos propios de su credo católico, como el de que el único que dispone de la vida ajena es Dios. El sustento de su preocupación fue estrictamente constitucional, al recordar que la Carta Política prohíbe la pena de muerte y eso exige un pronunciamiento.

El Gobierno, que acaba de obtener en el Congreso el botín que aprobó la peligrosa y odiosa presunción constitucional para el fuero militar, haría bien en dar respuestas convincentes a las juiciosas reflexiones de monseñor Monsalve. Esta vez nadie podrá decir que quien habló es un auxiliador de los rebeldes ni tampoco podrán acallarlo con una muenda mediática. Ese silencio oficial no le hace bien al Gobierno, pero sobre todo a la historia que está empezando a escribirse.

El llamado de Monsalve tiene además importancia porque no se detuvo solamente en sus dudas sobre el operativo militar, sino que se adentró, con diplomacia, en retomar la estrategia del Acuerdo Humanitario como única salida capaz de ponerle fin a ese drama de los secuestrados que están pudriéndose en la selva. El tremendo interrogante del arzobispo, acerca de lo que estaría pasando con los secuestrados, si Cano en vez de muerto estuviere preso, no es asunto de poca monta.

Y es también muy diciente que ninguno de los jerarcas de la Iglesia católica haya desautorizado a Monsalve. Por primera vez en mucho tiempo vemos un encumbrado pastor utilizando un lenguaje moderado y no guerrerista, y eso es bueno, porque lo único que no nos puede ocurrir, es que esa Iglesia, antes poderosa e influyente, pierda poder de interlocución con los actores del conflicto.

Por: Héctor Abad Faciolince

Fuente: El Espectador – Bogotá, Colombia

Íngrid Betancourt estuvo en el Caguán durante el despeje; les dio la mano a los líderes guerrilleros y creyó haberse ganado su lealtad.

Esa confianza en la amistad con los bandidos fue una de las causas que la llevó a cometer el acto temerario de irse por tierra a San Vicente. Creía que si la secuestraban, sus “amigos” la liberarían pronto. También el presidente Pastrana fue a darles la mano a Tirofijo y a sus secuaces. No le bastó el desplante de la silla vacía para desistir. Insistió —con ingenuidad—, en un despeje que sólo fortaleció a la guerrilla y nos dejó como estela el largo gobierno de Uribe, un gobierno cimentado en la exasperación de la mayoría de los colombianos, hartos del secuestro y de los métodos criminales de las Farc.

Varias veces me invitaron a ir al Caguán, como periodista, a conocer a los guerrilleros. Me salvó de esa vergüenza una alergia que tengo de nacimiento: se me ampolla la mano si se la doy a un asesino. He tenido la suerte de no tener trato (ni siquiera literario) con sicarios. No le he dado la mano a mafiosos ni a guerrilleros ni a paramilitares. Estaría dispuesto a estrecharla si se han desmovilizado, han pedido perdón y han pagado por sus crímenes ante la justicia. Antes no.

Yo no estoy seguro de que Piedad Córdoba sea Teodora Bolívar. Eso lo deben establecer los jueces colombianos. De la lectura de los expedientes y de las pruebas que se han presentado, yo tengo la impresión, sin ser un criminalista, de que Piedad y Teodora son la misma persona. Si esto se confirmara, si fuera ella la del trato amistoso y conciliador con criminales, me parecería que las sanciones de la Procuraduría son lo mínimo que se merece. He repudiado públicamente —desde un punto de vista periodístico— la manera de actuar de Jorge Enrique Botero. Él ha aprovechado su cercanía con líderes de las Farc para hacer reportajes en los que mezcla irresponsablemente realidad y ficción. Ocultó durante meses información fundamental sobre Clara Rojas y su maternidad, simplemente para dar un golpe mediático con un libro inexacto.

Es posible que un reportero tenga el deber de hablar incluso con el diablo. Pero debe saber que si va a entrevistar a una persona que está armada y tiene un grupo de matones alrededor (mafioso, paramilitar o guerrillero que sea) su manera de preguntar se verá afectada irremediablemente por el miedo y la intimidación. Es muy difícil hacer contrapreguntas duras ante las respuestas dictadas por la propaganda si estamos frente a un tipo armado. Por eso la cautela al relacionarse con bandidos tiene que ser extrema; todo debe estar autorizado por el director del medio. Y el resultado de esas entrevistas analizado con lupa en la redacción.

Ernesto Yamhure se presenta con una breve biografía en su página de Twitter: “Católico, columnista de El Espectador y Caracol, periodista de La Hora de la Verdad”. Debería actualizarla. Los tres medios para los que trabajaba como periodista le han aceptado la renuncia. La Iglesia Católica excomulga por abortar, pero no por hablar con asesinos. Para seguir en su Iglesia le bastará confesarse y arrepentirse. Su Dios es misericordioso; más misericordioso que el periodismo o la ley. Pero está bien que haya salido de los medios pues consultar sus opiniones con un asesino es inaceptable.

Ojalá este episodio sirva para que todos los periodistas colombianos nos alejemos del trato familiar con esas dos agrupaciones de criminales que han convertido a nuestro país en un infierno en los últimos decenios. No podemos ser tolerantes ni con los paramilitares, ni con las actuales bacrim, ni con las narcoguerrillas del ELN y de las Farc. Aquí muchos han banalizado el mal; muchos han tolerado y ensalzado a los asesinos de ambos bandos. Muchos se han regodeado con los sicarios hasta casi justificarlos. Entre las cosas tolerables no está la cercanía con los criminales. Esto no cae en el terreno de la tolerancia sino en el de la complicidad.

Columna Por: Daniel Samper Pizano

Entrevista Por: Yamid Amat

Caricatura: Matador

Fuente: El Tiempo

Una cosa es que la senadora Piedad Córdoba nos genere un rechazo inmenso, a la mayor parte de nuestra sociedad colombiana, y otra cosa son los términos en que la han crucificado. Será siempre incomoda una oposición, y más en un país polarizado como el nuestro. Nuestros jueces, debemos procurar y persistir que actúen en pleno derecho. Ellos nunca deberán emitir juicios emocionales, y mucho menos sesgados a sus propios criterios, creencias y corrientes políticas. Hoy es la senadora Piedad Córdoba, mañana puede ser cualquiera. Pocho

‘Era imposible que el Procurador emitiera fallo justo contra Piedad, uno de sus mayores opositores’.

Piedad Córdoba es divorciada, feminista, izquierdista; defiende la unión gay y el aborto; se opuso a Álvaro Uribe, atacó el nombramiento de Alejandro Ordóñez como Procurador y cree que su misión es lograr una salida pacífica del conflicto colombiano. Ordóñez, el Procurador, quemó libros en su juventud; es ultraderechista, fanático religioso, enemigo del aborto y los homosexuales; debe su cargo a Álvaro Uribe y piensa que su misión es perseguir a pecadores y comunistas. ¿Alguien imagina que Ordóñez podría dictar una sentencia justa contra Piedad? Evidentemente, no.

De esta aberración judicial nace la condena que acaba de imponer Ordóñez a su enemiga, por la cual la destituye como senadora y la inhabilita durante 18 años para todo cargo público. La sentencia liquida la carrera política corporativa de Piedad: cuando ella se lance de nuevo a unas elecciones o acepte un empleo público tendrá 73 años. El mismo Ordóñez será quien resuelva el recurso jurídico de la afectada contra la condena y pronuncie la última palabra. Después de haber visto cómo la crucificó en la TV y la prensa, ¿qué suponen ustedes que dirá?

Aparte del claro impedimento ético del juzgador, se pensaría que castigo tan severo corresponde a delitos gravísimos probados fuera de toda duda. Pues no. Una lectura crítica del expediente revela que los “crímenes” de Piedad son dos acusaciones acomodaticias y abstractas: promover a las Farc y colaborar con ellas. Una foto en la prensa con boina negra se considera “promoción” (los políticos se retratan con el gorro que les chanten: pululan los Presidentes disfrazados de caciques) y una reunión con guerrilleros para sacar secuestrados se valora como “colaboración” (decenas de políticos y empresarios se fotografiaron con Tirofijo).

Pedí a uno de los mejores juristas colombianos su opinión sobre el expediente. “El fundamento del fallo es endeble, circunstancial y prevaricante”, dictaminó. Yo agrego que respira sectarismo, pese a que, para proyectar una imagen imparcial, la absuelve de una insólita “traición a la patria” por criticar al Gobierno en el exterior. De no hacerlo, habría creado el delito de opinión. Ni pruebas lapidarias ni confesiones. Todo se enmascara en retórica jurídica. Las faltas no saltan a la vista sino que “se contextualizan del análisis de plurales elementos probatorios”.

Todo el país sabe que Piedad ha tenido contacto personal, telefónico y por correos con las Farc (también con el Eln y los paramilitares), gracias a lo cual rescató a doce secuestrados. Las víctimas lo agradecen, pero el Procurador vio allí ocasión de criminalizar la actividad humanitaria. Abundan los textos de Piedad contra la lucha armada, mas el expediente no cita ninguno. He aquí algunos recientes: en febrero del 2009 encabezó una carta colectiva de solidaridad con los indígenas por atropellos de los milicianos de las Farc; en marzo del 2010 condenó el secuestro como arma política; hace un mes divulgó su “profundo rechazo” a las Farc por “infringir gravemente el derecho humanitario” al matar a diez soldados. ¿Es eso promover? ¿Por qué aquí la Procuraduría no “contextualiza”?

Hay en el fallo parcialidad manifiesta. Del testimonio de un ucraniano, Ordóñez deduce que “los presuntos vínculos entre las Farc y la senadora continuaron en el 2010″. ¿Por qué no destaca que el ucraniano declara no haber visto nunca a la senadora defender la lucha armada, sino la lucha electoral? Esa parte se soslaya. Alega el Procurador que Piedad solo estaba autorizada para tratar con las Farc del 15-VIII al 21-XI del 2007. Mentira. Me consta que en febrero del 2009 rescató rehenes con el beneplácito oficial.

Piedad es a veces imprudente por desprevenida; le hace daño su fe en Hugo Chávez y hay frases suyas que le conviene explicar. Pero se ha jugado la vida por una solución humanitaria y democrática. ¿Es por ello promotora de las Farc? Para lograrlo, mantiene contacto con jefes guerrilleros y, ciertamente, al verlos no los escupe ni los golpea con el paraguas. ¿Es por ello colaboradora suya?

Asistimos a una colosal infamia dirigida a descabezar el movimiento por una paz concertada.

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‘Procurador, un peligro para la democracia’

La senadora Piedad Córdoba cree que el Procurador general, Alejandro Ordóñez, es un “peligro” para la democracia del país. Rechaza los cargos que le formuló el alto funcionario, al que describe como “hombre de amores y odios”. Asegura que no es defensora de las Farc y critica el secuestro de civiles, aunque considera el de policías y militares como “retenciones de guerra”.

¿Qué hará frente a las decisiones del Procurador contra usted?

Interpondré reposición ante el mismo Procurador, pero creo que tendré poco éxito, por las diferentes declaraciones que él ha dado. Por eso, también lo recusaré, porque con él no tengo garantías: siempre ha actuado contra mí de manera temeraria. Además, no tiene facultades para despojarme de mi curul. Esa es función exclusiva del Consejo de Estado.

¿Si no acepta las razones legales del Procurador, a qué adjudica su destitución?

Es una persecución política. Por eso, también he tomado la decisión de ir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para presentar una denuncia por persecución política y por la consagración del delito de opinión.

¿En qué basará sus denuncias?

Es que no se trata sólo de las decisiones tomadas contra mí; es toda la concepción del Procurador sobre la sociedad colombiana. Él niega el derecho a una opción sexual diferente a la suya; considera la homosexualidad una enfermedad; no acepta que una mujer corra el riesgo de morir en un embarazo, porque cree que el aborto es delito de lesa humanidad; la obligación que ha impuesto a la gente de la Procuraduría de ir a misa cada día no sólo es una posición retardataria y opresiva, sino que viola la Constitución, que establece libertad de cultos en el país. Este hombre es una persona peligrosa para la democracia. Pero, como la ley establece que la reposición debe ser ante él mismo, estoy perdida mientras fallan instancias como el Consejo de Estado, ante el cual voy a recurrir.

El Procurador dice que el Código Disciplinario y el artículo 278 de la Constitución lo facultan para tomar la decisión que tomó contra usted…

Él no tiene ninguna prueba de que cometí faltas disciplinarias. Todas son suposiciones. Él no acepta pensamientos diferentes al suyo. Quienes estamos en desacuerdo con las injusticias del establecimiento, somos, según él, guerrilleros o terroristas.

Él dice que usted tiene vínculos con las Farc. ¿Los tiene?

No como él los supone. Desconoce que el presidente Uribe me facultó para buscar acuerdos para la liberación y el intercambio.

¿Cuáles son, hoy, su relaciones con las Farc?

Las que he tenido siempre: buscar liberaciones y diálogos que puedan conducir a la paz. Yo no pertenezco a las Farc. Siempre he estado en el Partido Liberal.

¿Usted qué piensa de las Farc?

Son una guerrilla armada, un movimiento político. Ante la degradación del conflicto, ha llegado a situaciones de inhumanidad. Por eso, mi lucha es por la humanización de la guerra. Es importante que no sólo el gobierno y los militares cumplan con el Derecho Internacional Humanitario (DIH), sino que también es obligación de la guerrilla reconocerlo y aplicarlo. Lo que queremos lograr, y hemos estado a punto de obtener, es que la guerrilla acabe con la retención o el secuestro de personas y que, si sigue reteniendo, sean sólo militares o policías que caen con ocasión del combate.

¿Las Farc son delincuentes o no?

Yo no lo digo así…

¿El secuestro no es un delito?

Sí. Y si las Farc insisten en desconocer el DIH, se colocan no sólo por fuera de esa normatividad sino a las puertas de la Corte Penal Internacional (CPI). Las Farc tienen que eliminar el secuestro, desmontar minas antipersonas y respetar a la población civil.

Si reconoce que el secuestro es un delito, ¿no es delincuente el que secuestra?

Es que hay retenciones en razón del combate. En el caso de los militares, no hay secuestro sino retención.

El general Mendieta, por citar un sólo caso, ¿no fue secuestrado?

El general Mendieta cayó en combate y era un prisionero de guerra.

¿Y el caso de los secuestros de Íngrid Betancourt, Clara Rojas y los demás?

Si se dieran ahora, serían delito de lesa humanidad y las Farc serían sujeto de juicio ante la CPI. Así mismo, el Estado no puede cometer desplazamiento forzado ni ejecuciones extrajudiciales, porque puede ser denunciado ante la CPI.

¿Por qué varios sectores creen que usted es una defensora de las Farc?

Yo no defiendo a las Farc. Lo que digo es que, para el país y para la democracia, lo importante es el reconocimiento de que existe un conflicto social interno armado. Muchos sectores de la sociedad civil no compartimos el estado actual de las cosas ni hechos que, inclusive, llevaron a la Corte Constitucional a obligar al Estado colombiano a la restitución de tierras. Yo no soy defensora de las Farc: lo soy de los desplazados, las víctimas de la guerra, las mujeres, los indígenas y los negros. Estamos apoyando al presidente Santos, no porque nos hayamos vuelto santistas, sino por su defensa de la obligación que tiene el Estado de reponer los males de la guerra. El Congreso va a hacer en estos días, y creo que esa va ser mi última intervención, el debate de las regalías. Voy a denunciar cómo en este país se han venido regalando nuestras riquezas naturales. Las exenciones tributarias a las multinacionales suman 27 billones de pesos… ¡Billones!

¿Y qué proyecta denunciar?

La manera cómo nos están robando oro, petróleo y carbón. ¿Cómo me explican que La Guajira, la región más rica del país, sea la más pobre? El debate actual de regalías es mentiroso. Es para decir que se las robó el gobernador de Casanare o el alcalde de la Jagua de Ibirico. Tal vez haya apropiaciones indebidas, pero no configuran un gran cuadro de corrupción. Son las multinacionales, por decisiones de funcionarios estatales, las que se han enriquecido. ¡Ese es el debate!

¿ Y por qué será su último debate?

Porque estoy totalmente segura de que el Procurador va a ratificar su decisión a través del funcionario que va a delegar para la recusación que presentaré.

Pero si lo llama “último”, es porque no vuelve al Congreso,

No, el último mientras vuelvo. Como dijo Tumac Katari, el aymara que lideró un levantamiento contra las autoridades coloniales en el Alto Perú: “Mañana volveré… y seré millones”.

¿Pero no piensa renunciar a su defensa?

Voy a luchar hasta demostrar los monstruosos errores del Procurador. El mismo que no vio nada de lo que vio la Corte Constitucional en la reelección; que no vio nada en lo que tiene que ver con Sabas Pretelt, como sí lo hizo la Corte Suprema. El hombre decide según sus amores y sus odios. No me pueden acusar por pensar distinto a él ni tratarme como delincuente por acercarme a las Farc para buscar la paz.

¿Qué va hacer mientras no sea senadora?

Primero, denunciar ante el mundo la criminalización de la búsqueda de la paz; segundo, estoy trabajando con los paramilitares en las cárceles: me he reunido con Mancuso, el ‘Tuso’, ‘don Berna’, ‘el Alemán’ y otros, y estamos haciendo un trabajo muy importante en la protección de sus familias, en la búsqueda, inclusive, de sitios en otros países para poder que ellos avancen en el tema de la verdad y en la entrega de tierras. Ya están indicando sitios para entrega de tierras. ‘Don Berna’ entrega 14 mil hectáreas en el Caguán y otras 14 mil en Córdoba. Además, creo que la Ley de Justicia y Paz debe darle cabida a militares que, en ejercicio de sus funciones, ejercieron paramilitarismo. Hace unos días tuve una reunión con 20 coroneles en Santa Marta, para hablar del tema. Lo aceptan. También tienen que aplicarse beneficios penales para paramilitares y empresarios.

¿ Se va entonces un buen tiempo al exterior?

Tengo muchos viajes, pero mi preocupación por la paz es lo más importante. A veces me hago esta reflexión: qué me gano con estar en el Congreso, apoyando unos proyectos que no sé ni para qué sirven. No quiero tener una buena pensión por decretar condecoraciones, sin habérmela jugado por la paz de Colombia.

‘Los que me odian son un poco bobos’

¿Por qué usted origina tanta radicalización en el país? Un sector la odia…

Los que me odian son un poquito bobos porque no tengo ningún interés en quitarles lo que tienen.

¿Entonces qué busca?

Tener un país con modernidad intelectual, con otras opciones políticas que estructuren a Colombia como un país viable y no como una fosa común.

¿Es verdad que usted tiene bienes en el exterior?

Todo es parte de la campaña de desprestigio en mi contra.

¿De qué más la han acusado?

Me han acusado también de tener tarjetas de crédito del presidente Chávez o de que me estaban pagando gastos en Puerto Rico cuando visité a mi hijo. Me acusaron de haberme nacionalizado en Venezuela, de haber recibido 3. 500 millones de pesos de Monómeros y de haber comprado un apartamento de 900 mil euros en Europa.

¿Nada de eso es cierto?

Si un sólo cargo fuera cierto, faltarían cárceles de seguridad para mí.