Posiciones encontradas de Andrés Felipe Arias y Carlos Gaviria. Saquen ustedes sus propias conclusiones. Un tema complejo, y además dificil de asimilar y conceptualizar. Pocho
"No hay verdades absolutas; todas las verdades son medias verdades. El mal surge de quererlas tratar como verdades absolutas" – Alfred North Whitehead
Posiciones encontradas de Andrés Felipe Arias y Carlos Gaviria. Saquen ustedes sus propias conclusiones. Un tema complejo, y además dificil de asimilar y conceptualizar. Pocho
SOY CONSUMIDOR DE DROGAS. Y SI es cierto que el Gobierno tiene los votos para aprobar la penalización del consumo y porte de la dosis personal en el Congreso, estas pueden ser mis últimas palabras cuerdas.

El discurso oficial, en su sexto intento por tumbar la dosis mínima, es cada vez más miedoso. Ahora resulta que “la intención del Gobierno nunca ha sido penalizar al enfermo”, según Miguel Ceballos, viceministro de Justicia. Si eso es cariño, no me quieran tanto: entre criminal y enfermo me quedo con la primera. Al menos los criminales se pueden defender, en cambio todo lo que dicen los “loquitos” carece de validez porque están “confundidos”.
Peor todavía es que el Gobierno se esté atribuyendo por ley la responsabilidad de curarnos, mandándonos a tribunales con psicólogos y médicos. Sobre todo cuando el médico en jefe es el ministro de Protección Social, Diego Palacio. En una carta, publicada por este diario, Palacio hace gala de su conocimiento numérico de la conducta humana: “Los expertos plantean que las medidas educativas modifican los conocimientos de la población; el control social, las actitudes y el entrenamiento, las prácticas. De la modificación de los primeros depende sólo el 20% de las conductas, mientras de la modificación de las actitudes, el 60%”. Además de que sus porcentajes sólo suman 80% (el 20% restante de la conducta debe ser modificado por la fe en el Espíritu Santo), esta afirmación carece de sustento científico y no revela sus fuentes (tal vez se hizo a partir de experimentos con las ratas del Gobierno, cuya identidad no puede ser revelada).
Me imagino entonces los tratamientos de sus “expertos”. Lo encierran a uno en un cuarto con un moño de marihuana, una Biblia y un encendedor. Naturalmente uno se arma un porro con una hoja de la biblia, pero cuando acciona el encendedor recibe un electroshock. Después de varias descargas, uno no sólo no volverá a fumar bareta, sino además será un ciudadano “entrenado” para temer a Dios.
Creo que lo que está pasando debe preocupar a todas las personas que disfrutan la libertad para hacerse sujetos sin la interferencia del Estado, y no sólo a los consumidores de droga. En el fondo, lo que plantea esta nueva ley es que el Estado es la instancia superior que determina quién es normal y quién anormal. Después de la droga puede seguir la regulación a la sexualidad, la apariencia física y las ideas, “por el bien de la sociedad”.
Pero para evitar que este nuevo orden nos sea impuesto no es suficiente la discusión. A pesar de sus malos argumentos, el gobierno de Uribe va a insistir en el desmonte de la dosis personal: algo natural para un proyecto paternalista y moralista. Y aunque uno diría que hay reformas más importantes, están en todo su derecho de acudir al Congreso.
Por eso quiero invitarlos a pasar a la acción ciudadana, haciendo parte de “Porte su dosis de personalidad”, un grupo (está en Facebook) de más de 2.500 personas que el jueves 26 de marzo, a las 6 p.m. va a portar una dosis de “lo que sea que usted consume al disfrutar su vida: juegos, música, libros, arte, drogas, etc.” en la Plaza de Bolívar. A esa hora vamos a tomarnos una foto alzando nuestras dosis para mostrar que estamos cuerdos y somos legales. Al menos hasta que los políticos digan lo contrario.
Tomado de El Espectador

Los que fumamos a veces yerba en los 60 nunca pensamos que el narcotráfico se convertiría en el mayor problema de Colombia. Sin embargo, no fue por culpa de los que se dejaron llevar de una moda pasajera con aire rebelde. Alberto Lleras, en un artículo brillante de los 60, pronosticó el desastre y señaló el culpable. Según él, los Estados Unidos convertirían un problema menor en una gran tragedia, con una política “que consistía en elevar el precio de las drogas, persiguiéndola con todos los elementos”, de manera que los ingresos de los narcotraficantes crecieran hasta ser capaces de corromper y comprar las autoridades, porque su “socio involuntario era el organismo represivo de los Estados Unidos”.
La profecía pesimista se cumplió, en parte por la política interna de USA, que convirtió un problema de salud pública en una guerra sin límites. En efecto, la estrategia republicana de buscar electores a punta de miedo tuvo éxito, y nada perjudicaba más un candidato que parecer blando frente a los atracadores, la droga, los inmigrantes, los acosadores sexuales o los terroristas. Para rechazar la despenalización del consumo se evocaba siempre la imagen de niños acosados junto a las escuelas por vendedores infames, como si no se fuera posible y más eficaz perseguir a estos.
La guerra se extendió a todas partes y convirtió a Colombia, como anunciaba Lleras, en la Colombian Connection. Llenó también las cárceles de los Estados Unidos de centenares de miles de consumidores. De casi 2,5 millones de presos, al menos medio millón están por droga, la inmensa mayoría acusados de consumo. Hay estados en los que da cárcel tener salvia, una yerba que antes se fumaba en Colombia. Mientras tanto, los países que persiguieron a productores y traficantes, sin desviar recursos judiciales y carcelarios contra los consumidores, tienen un problema de drogas mucho menor.
A pesar de los efectos contraproducentes de la represión del consumo, señalados en el informe de Gaviria, Cardoso y Cedillo, y de que casi todos los expertos están de acuerdo en que la medida tranquiliza las conciencias y calma el corazón pero no sirve para nada, se insiste en Colombia en penalizar la llamada dosis personal. En vez de concentrar los esfuerzos represivos en destruir todavía más plantaciones, laboratorios y canales de comercialización, la estrategia será otra, más conveniente para los grandes traficantes.
Los recursos limitados de la policía se dispersarán para luchar contra centenares de miles de consumidores, y la justicia se congestionará aún más tratando de decidir si manda unos jóvenes inexpertos a completar su formación en las cárceles, con el apoyo de tribunales que tendrán que contestar la pregunta insoluble de si alguien es adicto o no, mientras se atrasan y prescriben los delitos de los traficantes. Aunque los vendedores son pocos en proporción a los consumidores, en vez de concentrarnos en perseguir a los jíbaros, vamos a encarcelar unos cuantos clientes, soñando que esto disminuya el consumo.
Un cambio radical de la estrategia contra la droga, con distribución regulada y controlada a los adictos, dañaría el negocio, pero es imposible, porque el mercado principal son los Estados Unidos y no hay probabilidades cercanas de que cambie el núcleo prohibicionista de su guerra contra la droga. Pero es probable que se suavice la política de encarcelar consumidores, siguiendo el modelo de la ley votada ayer en Nueva York.
No parece oportuno meter a nuestros consumidores a la cárcel, cuando nuestro principal aliado tiene un presidente que propuso varias leyes para aumentar las penas por tráfico y reducirlas o eliminarlas por posesión o consumo. Y que “inhaló” marihuana y aspiró coca ocasionalmente cuando estaba joven, y debe estar agradecido por no haber tenido que ir a la cárcel.
Jorge Orlando Melo (Tomado de El Tiempo)