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Por: María Isabel Rueda

Fuente: El Tiempo – Bogotá, Colombia

Son tantos los escándalos que se están destapando sobre el anterior gobierno, que la Justicia tiene abundantes casos para escoger en cuáles aplica sus arbitrariedades antiuribistas.

Es cierto, como lo reclama el ex presidente Álvaro Uribe, que la Justicia en Colombia se politizó. Más evidentemente, se volvió antiuribista. Y como lo denuncia en su Twitter, muchas de las medidas que hoy se toman contra ex funcionarios o parlamentarios uribistas no solo están investidas de cierta saña, sino que vienen antecedidas de condenas mediáticas en virtud de las cuales, a magistrados o jueces les queda muy poco espacio para fallar sin darle gusto a la galería.

El presidente Uribe no lo va a aceptar nunca: pero parte importante de la culpa de que eso esté pasando, la tiene él mismo. Como gobernante, graduó torpemente a la rama judicial de antigobiernista, cuando lo que había era unos pocos magistrados antiuribistas que no hacían mayoría. Desde entonces se dedicó a fomentar casi deliberadamente la sensación entre las altas cortes de que desde el Gobierno los perseguían, los chuzaban, espiaban a sus familias, investigaban sus cuentas bancarias. Hoy es bastante improbable encontrar objetividad con ex funcionarios de su gobierno o parlamentarios que, justa o injustamente, han sido llamados por la justicia.

Por ejemplo, aún resuenan en mi cabeza las tremendas expresiones de la fiscal Viviane Morales contra Andrés Felipe Arias, seguramente para copar los anhelos de linchamiento mediático. Aunque su función va hasta la instrucción del proceso, porque ella no es la que juzga, al ex ministro de Agricultura ya lo condenó como el prototipo del “delincuente de cuello blanco”. Y para solicitar la privación de su libertad, lo calificó como un “peligro para la sociedad”.

Tal expresión fue recibida con sorpresa e incredulidad por la opinión pública. La única explicación de que la doctora Viviane crea algo tan absurdo, es que tema que Arias se le vuele a la justicia, de pronto pidiendo asilo en Panamá. Eso también es culpa del ex presidente Uribe, que cometió una grave equivocación al haber orquestado el asilo de María del Pilar Hurtado. Pero entonces volvemos al círculo vicioso: también es cierto que la ex directora del DAS ya estaba condenada mediáticamente. Para haberla juzgado con objetividad, habría tenido que importarse a un magistrado de Ucrania, pues uno de Colombia no resiste semejante presión condenatoria de los medios.

Vamos al caso de la Corte Suprema de Justicia. En su Sala Penal hay una magistrada que cree que el gobierno de Uribe le rompió la barra de los frenos del carro para atentar contra su vida. Otro magistrado está convencido de que Uribe mandó a unos ladrones a su casa a que le sustrajeran el computador de la sala. Hay otro magistrado que jura que Uribe lo mandó matar. Y otro, que el gobierno de Uribe le armó un dossier a sus infidelidades matrimoniales. Mientras todo eso es bastante absurdo, sí es cierto que bajo el gobierno Uribe les instalaron grabadoras debajo de la mesa. Se sienten con motivos para detestar al ex presidente. No obstante, los procesos contra funcionarios y parlamentarios uribistas avanzan sin que sus magistrados se declaren impedidos. ¿Qué objetividad pueden tener? Prueba de ese fastidio es que la Sala Penal le congeló a Uribe la elección de Fiscal. ¿O cómo se explica que a la candidata de Uribe la hubieran rechazado porque sólo sacó 14 votos, y a la de Santos la hubieran elegido con los mismos 14? Con ese sentimiento en el alma no se puede administrar objetivamente justicia.

De manera que la obsesión del ex presidente Uribe de que sectores de la Justicia persiguen a su gobierno es absolutamente cierta. E independientemente de que él mismo tenga la culpa de que eso sea así, sus denuncias no son locas ni injustificadas.

Pero, por desgracia, son tantos los escándalos que se están destapando sobre el anterior gobierno, que la Justicia tiene abundantes casos para escoger en cuáles aplica sus arbitrariedades antiuribistas.

Por: Laura Gil

Fuente: El Tiempo – Bogotá, Colombia

La lucha contra la impunidad no es un partido de fútbol ni puede tampoco convertirse en una expresión de venganza.

Cuando el magistrado Fierro anunció la medida de aseguramiento para Andrés Felipe Arias, la sala estalló en aplausos. Esa expresión de júbilo dijo tanto del ex ministro como de nosotros mismos.

Creo que dos razones fundamentales permiten explicar el festejo. En primer lugar, equivocada o no, permanece en Colombia la percepción de que “la justicia es para los de ruana” y los subordinados pagan por sus jefes. El “carcelazo” de Arias mostró que, afortunadamente, a la justicia no le tiembla la mano para actuar cuando se trata de altos funcionarios. Además, de todas las personas que rodean al ex presidente Uribe, Arias es el aliado más soberbio y más polarizante y, por ello, se ganó la antipatía de una parte del país.

Aun así, la audiencia del miércoles dio más para la reflexión solemne que para la celebración exagerada y no solo porque la detención de Arias fue, al fin y cabo, únicamente de carácter preventivo.

El caso de Arias se erige como símbolo de dos tragedias. Se destaca el drama personal de un profesional competente, que tiró por la borda una carrera promisoria. Como Arias, muchos jóvenes al lado de Álvaro Uribe se creyeron por encima de las reglas del Estado y hoy ellos y sus familias están sometidos al escarnio público. Por otro lado, para el país, Agro Ingreso Seguro representó la incapacidad de ese mismo Estado y de una sociedad enceguecida para prevenir, detener y sancionar a tiempo irregularidades y, casi con toda seguridad, conductas punibles.

Ante esta cortina de fondo, me sorprendió el tono utilizado en las expresiones de alegría registradas en los medios de comunicación y en las redes sociales. No parecían mostrar solo la satisfacción por un avance de la justicia, sino también el regocijo por el mal momento de Arias.

Siempre me produjeron malestar las demostraciones de alborozo ante la miseria ajena, incluso la de los delincuentes, y, por supuesto, mucho más ante la de aquellos no condenados todavía. La lucha contra la impunidad no es un partido de fútbol ni puede tampoco convertirse en una expresión de venganza.

Recuerdo que, cuando Miguel Rodríguez Orejuela fue capturado en 1995, el entonces ministro de Defensa, Fernando Botero, fue recibido con manifestaciones carnavalescas, incluyendo papel picado. En mi opinión, nada que tenga que ver con el narcotráfico da para vuvuzelas. Momentos antes de que él y su hermano Gilberto fueran extraditados, los canales de televisión nos mostraron hasta sus pechos descubiertos durante el examen médico, una exhibición inapropiada al mejor estilo Abimael Guzmán.

Lo mismo pensé cuando fue dado de baja ‘Raúl Reyes’ y, en algunas ciudades, la gente se volcó a los gritos a la calle. ¿La circulación de las imágenes de ese cuerpo baleado en calzoncillos no nos deshonró como sociedad? Me pregunto si el presidente Obama decidió no publicar las fotos del cadáver de Osama Bin Laden, no solo para evitar reacciones extremas del mundo musulmán, sino también como señal de respeto hacia sus propios gobernados.

Por supuesto, recibí con agrado el juicio de Arias, la detención de los Rodríguez Orejuela y la baja de ‘Raúl Reyes’. Pero, detrás de cada delincuente de cuello blanco en un tribunal, detrás de cada extradición de un narcotraficante, detrás de cada guerrillero abatido, hay algo de nuestra propia desgracia que no amerita liviandades ruidosas.

Temo que las ganas de vitorear en los juicios públicos, el morbo de ver los cuerpos destrozados de los guerrilleros y el goce de presenciar en detalle la caída de los poderosos contribuyan a que nuestros niños se críen con ansia de sangre y odio en las entrañas. Tiemblo al pensar que corremos el riesgo de convertirnos en esos romanos que solo pedían pan y circo.

Por: Ma. Elvira Samper

Fuente: El Espectador

Fuerte denuncia de la periodista Samper. Infructuosamente traté de encontrar la columna en El Colombiano, a la que se hace referencia en este escrito. Seguiré buscandola. Será siempre importante saber, que tiene para decirnos el Dr. Arias. Pocho

El diccionario del uso del español de María Moliner define la palabra “cínico” como “desvergonzado, impúdico, sinvergüenza”, y agrega que “se aplica a la persona que comete actos vergonzosos sin ocultarse y sin sentir vergüenza por ellos”.

Definición mejor no encuentro para el ex ministro Andrés Felipe Arias. Resulta asombrosa la impudicia con la que minimizó el pliego de cargos que le formuló la Procuraduría por el caso de Agro Ingreso Seguro, y dijo, sin que le temblara la voz, que se sentía aliviado porque lo que parecía un cáncer había quedado reducido a una gripa. Y también mostró su condición de cínico en una reciente columna que publicó en El Colombiano, en la que redujo el escándalo a “especulaciones de periodistas torcidos” que trabajan para las “mafias” que persiguen a quienes defienden las políticas de Uribe.

De persecuciones y mafias hablaré en otra oportunidad. Ahora quiero recordar que fue la revista Cambio (q.e.p.d.), de la cual fui editora, la que hace más de un año destapó la forma fraudulenta en que algunas poderosas familias terratenientes del Cesar y Magdalena lograron millonarios subsidios que debían haber llegado a pequeños productores. Los periodistas que investigaron el caso viajaron a las fincas de esas familias y hablaron con los trabajadores, estudiaron los contratos, verificaron la información, y yo revisé los artículos varias veces antes de publicarlos, y pregunté y contra pregunté para resolver dudas. En fin, seguimos todas las reglas del oficio.

Nada fue desmentido. Nada de “especulaciones de periodistas torcidos”. Arias puede seguir sembrando cizaña e intentando, sin éxito, demostrar lo indemostrable. La Procuraduría confirmó la veracidad de las denuncias y podría sancionarlo hasta con 20 años de inhabilidad para ejercer cargos públicos. Además, esas denuncias son piezas claves de las investigaciones que adelantan la Fiscalía y la Contraloría por el escándalo.

El ex ministro ha querido desmontarse por las orejas y echarles el muerto a los beneficiarios, por abuso, y al IICA, el organismo internacional encargado del estudio de los proyectos y la adjudicación de los subsidios, por falta de controles. ¿Arias sólo un firmón? Lo dudo. Tendrá que explicar por qué, como también lo descubrió Cambio, un contratista del Ministerio a su cargo, Carlos Manuel Polo, recomendado de la familia Vives —beneficiaria de más de 5.000 millones en subsidios y aportante de las campañas de Álvaro Uribe—, fue el enlace entre el Ministerio y el IICA desde cuando empezó el programa en 2007.

Todo alrededor de Arias despide mal olor, no aroma de rosas. A lo de AIS ahora se suma el escándalo que destapó El Espectador y que han seguido Daniel Coronell y W Radio: los millonarios créditos, hoy en mora y de dudoso recaudo, otorgados por el Banco Agrario a varios floricultores, algunos de los cuales, pese a declararse en los rines, se metieron la mano al dril para financiar la campaña de la precandidatura del ex ministro a la Presidencia. Y cabe recordar que peritos del CTI llegaron a la conclusión de que esa campaña también recibió aportes de receptores de jugosos subsidios. La misma figura que se dio en las campañas de Álvaro Uribe y el referendo reeleccionista: beneficiarios de programas oficiales ayudaron a su financiación. Negocio redondo con perdedores claros: los pequeños productores y el Estado, y todo a costa de la platica de los contribuyentes.

A raíz del escándalo denunciado por Cambio, Arias dijo que se retiraría de la vida política si le comprobaban alguna relación con los beneficiarios. Que cancele, entonces, sus aspiraciones a la Gobernación de Antioquia y que no busque el ahogado río arriba, porque el agua le está llegando al cuello.