Por: María Isabel Rueda
Fuente: El Tiempo – Bogotá, Colombia
Son tantos los escándalos que se están destapando sobre el anterior gobierno, que la Justicia tiene abundantes casos para escoger en cuáles aplica sus arbitrariedades antiuribistas.
Es cierto, como lo reclama el ex presidente Álvaro Uribe, que la Justicia en Colombia se politizó. Más evidentemente, se volvió antiuribista. Y como lo denuncia en su Twitter, muchas de las medidas que hoy se toman contra ex funcionarios o parlamentarios uribistas no solo están investidas de cierta saña, sino que vienen antecedidas de condenas mediáticas en virtud de las cuales, a magistrados o jueces les queda muy poco espacio para fallar sin darle gusto a la galería.
El presidente Uribe no lo va a aceptar nunca: pero parte importante de la culpa de que eso esté pasando, la tiene él mismo. Como gobernante, graduó torpemente a la rama judicial de antigobiernista, cuando lo que había era unos pocos magistrados antiuribistas que no hacían mayoría. Desde entonces se dedicó a fomentar casi deliberadamente la sensación entre las altas cortes de que desde el Gobierno los perseguían, los chuzaban, espiaban a sus familias, investigaban sus cuentas bancarias. Hoy es bastante improbable encontrar objetividad con ex funcionarios de su gobierno o parlamentarios que, justa o injustamente, han sido llamados por la justicia.
Por ejemplo, aún resuenan en mi cabeza las tremendas expresiones de la fiscal Viviane Morales contra Andrés Felipe Arias, seguramente para copar los anhelos de linchamiento mediático. Aunque su función va hasta la instrucción del proceso, porque ella no es la que juzga, al ex ministro de Agricultura ya lo condenó como el prototipo del “delincuente de cuello blanco”. Y para solicitar la privación de su libertad, lo calificó como un “peligro para la sociedad”.
Tal expresión fue recibida con sorpresa e incredulidad por la opinión pública. La única explicación de que la doctora Viviane crea algo tan absurdo, es que tema que Arias se le vuele a la justicia, de pronto pidiendo asilo en Panamá. Eso también es culpa del ex presidente Uribe, que cometió una grave equivocación al haber orquestado el asilo de María del Pilar Hurtado. Pero entonces volvemos al círculo vicioso: también es cierto que la ex directora del DAS ya estaba condenada mediáticamente. Para haberla juzgado con objetividad, habría tenido que importarse a un magistrado de Ucrania, pues uno de Colombia no resiste semejante presión condenatoria de los medios.
Vamos al caso de la Corte Suprema de Justicia. En su Sala Penal hay una magistrada que cree que el gobierno de Uribe le rompió la barra de los frenos del carro para atentar contra su vida. Otro magistrado está convencido de que Uribe mandó a unos ladrones a su casa a que le sustrajeran el computador de la sala. Hay otro magistrado que jura que Uribe lo mandó matar. Y otro, que el gobierno de Uribe le armó un dossier a sus infidelidades matrimoniales. Mientras todo eso es bastante absurdo, sí es cierto que bajo el gobierno Uribe les instalaron grabadoras debajo de la mesa. Se sienten con motivos para detestar al ex presidente. No obstante, los procesos contra funcionarios y parlamentarios uribistas avanzan sin que sus magistrados se declaren impedidos. ¿Qué objetividad pueden tener? Prueba de ese fastidio es que la Sala Penal le congeló a Uribe la elección de Fiscal. ¿O cómo se explica que a la candidata de Uribe la hubieran rechazado porque sólo sacó 14 votos, y a la de Santos la hubieran elegido con los mismos 14? Con ese sentimiento en el alma no se puede administrar objetivamente justicia.
De manera que la obsesión del ex presidente Uribe de que sectores de la Justicia persiguen a su gobierno es absolutamente cierta. E independientemente de que él mismo tenga la culpa de que eso sea así, sus denuncias no son locas ni injustificadas.
Pero, por desgracia, son tantos los escándalos que se están destapando sobre el anterior gobierno, que la Justicia tiene abundantes casos para escoger en cuáles aplica sus arbitrariedades antiuribistas.
