Por: Matador
Sin palabras…
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"No hay verdades absolutas; todas las verdades son medias verdades. El mal surge de quererlas tratar como verdades absolutas" – Alfred North Whitehead
Por: Klaus Ziegler
Fuente: El Espectador – Bogotá, Colombia
Caricatura: Matador
La iniciativa descansa en verdades evidentes, como el hecho de que un cigoto es un ser humano y posee estatus ontológico de ‘persona’. La propuesta fracasó a pesar de contar con el respaldo del procurador Ordóñez, defensor a ultranza de las garantías constitucionales, imparcial en temas como la eutanasia o la igualdad de derechos para los homosexuales, y con el apoyo de una autoridad en ética de la talla del senador Juan Manuel Corzo.
Sin embargo, no es momento de perder las esperanzas. La inviolabilidad del derecho a la vida desde la concepción hasta la muerte implica mucho más que la prohibición absoluta del aborto. Señores senadores, en sus manos está impedir que se continúe con prácticas tan aberrantes como la fecundación asistida, en la que miles de óvulos fecundados, debo decir, cientos de diminutos seres humanos son ‘descartados’ (vulgar eufemismo para no decir ‘asesinados’) a voluntad de los médicos, o son criopreservados. Millares de pequeñas almitas yacen hoy congeladas en nitrógeno líquido, sin opción de desarrollarse. Señor procurador, es imperativa una reforma aún más severa a la Carta, una que contemple la clausura indefinida de todos los laboratorios dedicados a semejantes monstruosidades.
Honorables senadores, no sé si habrán advertido que el principio moral que ustedes defienden con la mayor sinceridad implica así mismo la preservación de la vida humana bajo cualquier circunstancia, pues, ¿qué sentido tendría afirmar que la vida humana es sagrada e inviolable, y al mismo tiempo consentir el asesinato en casos excepcionales? Bajo este canon es forzoso concluir que aun cuando se mate en defensa propia, resulta imposible justificar la muerte del agresor sin violar su sagrado derecho a la vida. Por ello es menester estar atentos, porque este mismo principio podría ser invocado para maniatar a las Fuerzas del Orden, que se verían obligadas a luchar sin más armas que el poder de la oración. Sepan bien que cualquier fisura en la ley será aprovechada por los abortistas, y no se extrañen si mañana ven a una pobre niña violada alegando que se vio forzada a finalizar su embarazo “en defensa propia”, pues era su vida o la del feto.
Señores Senadores, no se vayan a quedar a medio camino: hay que consumar la santa cruzada contra los derechos de la mujer.
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Por: Juan Carlos Botero
Fuente: El Espectador – Bogotá, Colombia
Y, para medir el tamaño de la tragedia, basta poner las cosas en perspectiva y evocar el caso de Irlanda del Norte y su conflicto con Inglaterra, uno de los más largos y sangrientos de Europa luego de la Segunda Guerra Mundial. El saldo final de esa disputa, que duró décadas, fue de 3.526 muertos, cercano al número de personas que, en un solo día, murieron aquel martes de cielos azules en Nueva York.
No obstante, diez años después, ¿cuál es el balance de los atentados del 9/11?
En el corto plazo, y de acuerdo con lo que buscaban los suicidas, seguramente los ataques lograron su objetivo: mataron a miles de personas inocentes; aterrorizaron a la población estadounidense; sembraron el miedo en el resto del mundo; Al Qaeda se convirtió en un punto de referencia; Osama bin Laden alcanzó fama mundial y sus tesis recibieron difusión mediática; los huecos en la seguridad de EE. UU. quedaron al desnudo, y la ideología del fundamentalismo religioso tuvo más atención que nunca en la historia.
Una década más tarde, sin embargo, el resultado para Al Qaeda es un fracaso rotundo. La masacre de miles de civiles indefensos produjo un coletazo de solidaridad nacional (y de repudio mundial) que no se había visto en los EE. UU. desde el ataque de la Armada Imperial Japonesa a Pearl Harbor en 1941. Osama bin Laden y otros líderes terroristas están muertos. Al Qaeda todavía es una amenaza, pero ha sido marginado, fraccionado, forzado a huir y sus recursos congelados. Los organismos de seguridad de los EE. UU. se han fortalecido y vuelto más eficaces. Se agudizó el choque entre civilizaciones que profetizó Huntington y aumentó, en forma nefasta, la suspicacia entre las culturas de Oriente y Occidente. Por último, el verdadero peligro de Al Qaeda, que su ideología fanática y homicida contagiara al resto del mundo musulmán con su población de 1,5 mil millones, no se logró. La prueba es la Primavera Árabe, cuyos pueblos reprimidos durante décadas piden democracia y dignidad, y no que los regresen al medioevo mediante regímenes fundamentalistas. Es decir, Al Qaeda no sólo perdió la batalla, sino la guerra más importante de todas: la de las ideas.
El fracaso de Al Qaeda es un triunfo para Occidente. Pero eso no significa que el desenlace para EE. UU., diez años después, sea de ninguna manera positivo. El país desvió su atención hacia Irak y descuidó su crisis interna. EE. UU. pasó de un superávit de 128 mil millones en 2001 al peor déficit de su historia. Pese al esfuerzo de Obama, su prestigio internacional no se ha recobrado a raíz de Irak y Afganistán, Guantánamo y Abu Ghraib. Han muerto miles de soldados y civiles. Bush aprovechó la tragedia para promover una diplomacia de vaquero y reducir los impuestos de los más ricos, y ahora el país está secuestrado por los republicanos, quienes tienen un solo objetivo: torpedear todo lo que haga el presidente, porque creen que algo bueno para él, así sea bueno para la nación, es malo para ellos. Una década después, ésa es la gran tragedia del 9/11: un triste saldo de viudas, huérfanos, libertades recortadas en aras de la seguridad nacional, y una potencia mundial en manos de políticos extremistas. En suma, ahora los perdedores somos todos.
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Por: Catalina Ruiz-Navarro
Fuente: El Espectador – Bogotá, Colombia
Caricaturas: Matador
Nombre caricatura: Procurador en contra de las bodas gay
La conciencia y el buen uso de la misma es la que convierte al muñeco en persona, es la prueba de la Mayoría de Edad. Para el cuento, el ejercicio de la conciencia es la operación humana por excelencia, es la facultad para decidir acciones y hacerse responsable de las consecuencias de acuerdo con las concepciones propias del bien y del mal.
Esta semana se acaba de pasar un proyecto de ley para reglamentar la objeción de conciencia. No es la primera vez, en agosto de 2010 el procurador, Alejandro Ordóñez dijo que se requiere dotar a la sociedad de instrumentos protectores de la objeción de la conciencia de las personas que consideran que el aborto es un delito “que no solo afecta la vida del ser más indefenso de la humanidad que es el feto, sino que agravia la conciencia de los colombianos”. También habló de objeción de conciencia en diciembre, a propósito de la cátedra sobre derechos sexuales y reproductivos en los colegios (que incluía hablar del aborto de una manera objetiva y seria, con pros y contras y sin efectismos sensibleros), y ahora, tras el fallo de la Corte Constitucional sobre el Matrimonio Igualitario, habla de objeción de conciencia para los notarios que se escandalicen con la idea del sexo homosexual y de ampararlo con un contrato.
Hay que señalar que la objeción de conciencia se entiende en el caso de médicos que consideren que realizar un aborto es contrario a sus creencias, pero nada tienen que hacer los notarios más allá de llegar a dar fe de que un contrato matrimonial entre homosexuales fue celebrado ante ellos, y al respecto del cual nadie les ha pedido que opinen.
Pero consideremos por un momento que “el legislativo expide normas claras y contundentes que les permiten a los ciudadanos apartarse del cumplimiento de algunos deberes y la ejecución de actos siempre que estos vayan en contradicción con sus convicciones religiosas y morales”. Dichas normas no deberían aplicar solo a quienes comparten las creencias del procurador. Por ejemplo, si yo quisiese abortar, debería poder exigir este derecho amparada en mi conciencia, que no me permite traer un hijo indeseado al mundo, y los jóvenes bachilleres podrían negarse a prestar el servicio militar aduciendo que manejar armas de fuego está en contra de sus convicciones religiosas,
Nombre caricatura: Procurador cortante con el matrimonio gay
No se puede defender la objeción de conciencia y no defender las libertades individuales. Ambos conceptos se caracterizan por pertenecer a un ámbito del ser humano tan íntimo (íntimo como un útero, por cierto) que las leyes no lo pueden tocarlo, ambas se tratan de creer que las personas pueden dirimir entre lo bueno y lo malo y a veces hasta escoger lo correcto. Tal vez el procurador no cuenta con que lo que le dice su conciencia es muy distinto a lo que me dice la mía. Mi conciencia me dice, por ejemplo, que prohibir el aborto en Colombia está mal y que arruinarle la vida a una mujer, un individuo, para darle preferencia a la vida supuesta, de un individuo por ocurrir, es un crimen, mi conciencia me dice que donde hay amor hay una familia. Mi conciencia también me dice que no darle a los colombianos el espacio para tomar sus propias decisiones, buenas o malas, es una violación a sus derechos y a su autonomía como personas.
Yo me pregunto entonces, si este proyecto de ley resguardará tan bien a mi conciencia como a la de los médicos y notarios, si protegerá todas las conciencias por igual o solo algunas -¿las elegidas por Dios?- so pena de que al procurador se le empiece a crecer la nariz.
Nombre de la caricatura: ¿Los dejaran salir del closet?
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Por: Felipe Zuleta Lleras
Fuente: El Espectador – Bogotá, Colombia
Muy loable pero inútil, porque quienes quieran tomar trago o lo compran antes, o lo piden a domicilio o, como pasa en Barcelona frente a la misma prohibición, lo consiguen a través de unos vendedores ambulantes que han sido incontrolables por parte de las autoridades.
No es del talante liberal —como el de la alcaldesa— adoptar este tipo de medidas, de manera casi dictatorial e inconsulta, no sólo con los ciudadanos, sino sobre todo con los comerciantes, entre ellos por supuesto los pequeños, que son en últimas los que más se perjudican con esta decisión.
Este decreto equivaldría a que en la época de la violencia partidista el Gobierno hubiera prohibido el uso de machetes para que no se siguieran matando entre liberales y conservadores y no se practicara como técnica criminal lo que se conocía entonces como el corte de franela.
Prohibir la venta de licores en Bogotá es reconocer, por parte de la Alcaldía, que el tema de seguridad los desbordó, que definitivamente no piensan incrementar las campañas educativas, que la solución más fácil al tema de la violencia es el de privilegiar a unos restaurantes, discotecas y bares, en detrimento de los tenderos y pequeños comerciantes.
Tal vez la doctora López no se ha dado cuenta que entre cerveceros, tenderos y los gobiernos de Bogotá y nacional dejarán de recibir $9.334.123.827 de pesos al mes (según el cálculo de Bavaria y los tenderos). Eso mal contado serían casi 120 mil millones de pesos al año, cifra considerable para la economía colombiana.
Esta decisión si bien es populista —que no popular— en la práctica no tendrá efectos, como no los tiene el hecho de cerrar los bares y discotecas a las 3 de la mañana, porque después de esa hora los ciudadanos arrancan para otros sitios que llaman privados y que, al final del día, son los que se benefician con la prohibición.
Le aseguro a la alcaldesa que antes de lo que se haya dado cuenta, aparecerán miles de sitios que llevaran licor a domicilio, y nuevos “bares” y discotecas.
Pero claro, serán los vendedores ambulantes los que harán su agosto, aumentando así el riesgo de que se incrementen el número de ciudadanos intoxicados por licores adulterados. ¡Mal arranque de la alcaldesa!
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Por: Andrés Hoyos
Fuente: El Espectador -Bogotá, Colombia
Caricatura: Matador – Soho
El dilema de los verdes en Bogotá es muy jodido. Tienen de candidato a Enrique Peñalosa, quien con seguridad sería un gran alcalde, pero está el bemol de que Enrique toda la vida ha sido un político vacilante e inoportuno. Aunque yo pienso votar por él, su estrategia electoral me parece peligrosa, pues le ha dado demasiada importancia al endoso de Álvaro Uribe. Los endosos del expresidente nunca fueron claros ni generosos y, de ñapa, ahora vienen con el veneno añadido de la gran corrupción asociada a su gobierno, por la cual han empezado a caer presos o están bajo sospecha sus alfiles. Podría pasar –ojalá no pase– que Enrique se quedara con el pecado y sin el género, es decir, con un respaldo tibio de Uribe pero con una imagen de falta de carácter político, mientras que alguien como Gina Parody apuesta a la carta sentimental de que fue uribista cuando tocaba y cuando se podía. No olvidemos que los empanicados marineros del barco uribista en llamas todavía siguen tratando de reclutar a su capitán para que se postule en Bogotá y los salve de la debacle con una victoria electoral resonante. Me parece poco probable que Uribe acepte, sobre todo porque así se pondría al alcance de la temida y odiada Corte Suprema de Justicia, dedicada a su vez a peligrosas incursiones en la política internacional del país.
Sin embargo, hay que decir que la organización que respalda a Peñalosa no es fuerte. El Partido Verde no ha dejado de ser una federación de independientes, aislada muchas veces en la torre de marfil de la antipolítica. Decía yo hace unos meses que el principal responsable de estas carencias es Antanas Mockus, quien no por nada fue el candidato presidencial del partido. Mockus nunca abandonó su condición de gurú con discípulos, cuando su responsabilidad tras la derrota era armar un partido de verdad, al cual los candidatos quisieran acercarse no sólo por convicción, sino por conveniencia. Mockus y sus seguidores no parecen entender que hay que bajar a tierra y que un partido es una organización de rituales, de congresos, de pronunciamientos oportunos, de ideas sólidas, de actividades cuidadosamente planificadas. No, a Mockus las noticias importantes le llegan cuando está de vacaciones en Santa Marta y entonces decide que su función es apagar supuestos incendios.
No sobra recordar que los verdes enfrentan la asignatura pendiente más dura de la historia política de Colombia: la de crear un tercer partido político perdurable. La lista de los proyectos quemados es casi interminable. ¿No se dan cuenta de que estos fracasos hablan de una dificultad extrema y que no pueden seguir jugando a llevar los pantalones cortos del personalismo?
Es paradójico, pero un partido débil podría llegar a desbaratarse por una alianza cualquiera –le pasó al M-19, cuando le aceptó un par de ministerios a Gaviria–, mientras que uno fuerte se consolida con las alianzas, como le pasó al PSF bajo Mitterrand. Un partido fuerte resiste las críticas y cierra filas; uno débil se angustia y entra en crisis. Da tristeza constatarlo, pero la cruda realidad es que no todo lo verde madura.
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Por: * Ruth Rubio Marín & ** Stéphanie Hennette-Vauchez
Fuente: El País – Madrid, España
Caricatura: Matador
Nombre Caricatura: Staruss-Kahn ¿realidad ó complot?
Dominique Strauss-Kahn es inocente. Y lo es, porque en un Estado de derecho lo avala la presunción de inocencia. Este principio basilar del derecho penal exige un proceso con todas las debidas garantías antes de poder afirmar que DSK es un delincuente, pues esto es, a fin de cuentas, lo que se está dirimiendo.
Más allá de la falta de certezas, lo que es comprensible es que el desplome súbito de un icono como DSK, que en su sola persona reunía todos los rasgos estadísticamente representativos del poder (a la vez político, económico, global ¡y masculino!) haya sacudido al mundo entero. Y es por ello entendible que el mundo entero esté calibrando qué consecuencias pueda tener sobre el futuro del FMI, la crisis financiera, el euro o las elecciones presidenciales y el Partido Socialista en Francia.
Sorprende, sin embargo, (o tal vez no) que la gran ausente, hasta el momento, sea la reflexión acerca de qué implicaciones pueda tener el asunto no solo para la vida de la mujer presuntamente abusada (de la que solo alguna fuente en Estados Unidos ha informado de que no ha podido regresar ni a su casa ni al trabajo, teme perder el empleo y quedarse sin fuente de subsistencia en su condición de madre y viuda), sino para la mitad de la población mundial, que conforma el sexo femenino y sobre quien estadísticamente recae este tipo de violencia. Y sorprende porque hay buenas razones para pensar que el asunto DSK debiera abordarse más bien como el fenómeno DSK,realzando lo que de sistémico tiene, y permitiéndonos atar cabos. Porque haberlos, haylos.
La gama de los “escándalos sexuales” de la clase política masculina de los últimos tiempos es amplia y va in crescendo. Parte de los incidentes de infidelidad conyugal (el más reciente, ¿Schwarzenegger?), es condenada por la ética puritana pero, en último término, todas las éticas, puritanas o no, la acaban exculpando en un acto conciliatorio en el que típicamente concurren la caracterización de lo ocurrido como algo que atañe a la vida privada: la rehabilitación del orden familiar amenazado a través de un gesto de perdón ofrecido públicamente por el esposo infiel (asunto Bill / Hillary Clinton) y el trasfondo de una sociedad que entiende y tolera que el hombre de poder sea, casi por definición, un seductor de mujeres.
Mucho habría que decir acerca de las formas de violencia que históricamente se han condonado al amparo de la doctrina de la intimidad familiar. Baste decir que secularmente dicha doctrina ha impedido visibilizar que, en sociedades patriarcales, expresiones de dominación, y no solo de afecto, caracterizan la relación conyugal, algo que, entre nosotros, ha dado lugar a ejemplos tan castizos como el de los abusos en impunidad del “señorito” a la “sirvienta”. Lo que en todo caso resulta impresionante es la fuerza de su legado cuando observamos que en calidad de “sexo” y de “privadas” se siguen condonando otras muchas formas de abuso de poder. Esto incluye las que se dan, por un lado, en las esferas paradigmáticamente públicas (el mundo laboral y el de la política) y por otro, en situaciones en las que la relación de superioridad jerárquicadel hombre con respecto a la mujer con la que tiene sexo es tan clara que no puede uno sino desconfiar de que sean expresión de libertad (asuntos Bill Clinton-Monica Lewinsky, Dominique Strauss-Kahn/Piroska Nagy). Más grave aún es, por supuesto, pensar que incluso las formas de abuso de poder más indiscutiblemente delictivas puedan encontrar acomodo en la vida y en la carrera de los grandes hombres políticos. Pensemos no solo en DSK, a quien se acusa ahora de intento de violación y abusos sexuales, sino por un momento también en Silvio Berlusconi, acusado de prostitución de menores y abuso de poder.
Pero donde el imaginario público, fascinado por la atracción atávica que ejerce el poder, sigue obsesionado con el presunto victimario y se lanzan adjetivos que torpemente buscan explicaciones e inevitablemente sirven para exculpar y reforzar estereotipos (“mujeriego, seductor, enfermo, adicto…”) la ley acude al rescate de la presunta víctima devolviéndole su condición de sujeto de derechos y recordando que lo que el derecho tutela como expresión de autonomía e intimidad es una sexualidad libremente consentida. Es por ello por lo que aun aceptando que pueda ser cierto el fenómeno de la irresistible atracción sexual que ejercen “los hombres de poder”, no quede más remedio que diferenciar. Que en la mente del magnate de turno seducción, coacción y violencia se confundan en uno solo, y que, en todo caso, en la conciencia colectiva reine el común entendimiento de que ni el error ni la mala fe se han de pagar caros, es lo que explica el fenómeno DSK, que, de otra forma resulta, en efecto, difícilmente comprensible. ¿Cómo, si no, explicar que, de ser cierto, alguien de su talla, conocido en todos los círculos parisienses por su activa vida sexual, se lo haya podido jugar todo por un mal polvo?
Llegados a este punto no está de más recordar la línea que traza la ley separando sexo de subyugación; la línea entre lo legítimamente privado (la intimidad sexual de las personas) y lo que, por definición, no puede ser asunto privado (la conducta criminal) por mucho que algunos miembros del Partido Socialista Francés se empeñen en sugerir lo contrario. Después de largas batallas feministas se ha logrado que los ordenamientos jurídicos de las democracias occidentales, aún muy lejos de ser instrumentos verdaderamente eficaces en su lucha contra la violencia de género, tipifiquen ampliamente los delitos contra la libertad sexual. Al hacerlo, reflejan una comprensión de que el abuso de poder se produce no solo cuando en la base del acto sexual está la violencia o la intimidación. Basta la falta de consentimiento, pues solo el consentimiento expresa libertad. Para demostrar falta de consentimiento no hay que demostrar resistencia a la violencia (el “sí” es lo que hace falta, y el “no”, suficiente expresión de su carencia). Y para ser válido el consentimiento no puede verse viciado por una situación de manifiesta superioridad entre víctima y victimario con entidad suficiente para coartar la libertad de la primera.
Con todo, el asunto que nos ocupa tal vez no dé para tantos matices, aunque conviene preparar al lector pues sin duda los abogados de la defensa intentarán que así sea, a falta de otra coartada. Y es que en cierto sentido nos encontramos con un caso atípico. Que los hombres poderosos cometen impunemente abusos sexuales nadie, en el fondo, lo duda. Que llegados a “tu palabra frente a la mía” la voz femenina que clama el “¡yo dije no!” logre tener la misma resonancia que la masculina que, investida de autoridad, lo niega, ilusorio. Que por ello, y por miedo a no perder más aún, víctimas y allegados opten por el silencio (asunto DSK-Tristane Banon) entristece, pero no sorprende. Y todo confluye y explica que impunidad, connivencia y silencio sigan imperando. Por eso, de confirmarse su perfil aparente, el asunto DSK ofrece una ocasión histórica pues, de haberse cometido, el delito sexual lo fue sin que mediase relación personal, familiar o laboral de tipo alguno, con violencia y con un “no” expresado con resistencia a la fuerza, y que dejó huellas.
Tal vez sea la ocasión de un caso de manual la que haga falta para que en nuestras democracias, incluyendo algunas que (como la francesa o la española) se autoproclaman paritarias, hombres y mujeres de todas las ideologías políticas, empezando por los afincados en el poder, cierren filas y articulen una condena unánime. De momento decepciona que el Partido Socialista Francés dé instrucciones de cerrar filas justo en sentido contrario. De desperdiciarse, silencio e impunidad seguirán cebándose en los cuerpos de mujeres permitiendo que, en vez de ciudadanas, sigan nuestros dirigentes políticos viendo en ellos bienes de consumo a libre disposición. ¿Qué decir? Como una lata de coca-cola de un minibar de hotel: se abre, si hace falta forzando su cierre, se bebe y se tira. Lo importante es que no salpique y le manche a uno el traje.
* Ruth Rubio Marín es catedrática de Derecho Público Comparado del Instituto Universitario Europeo, Florencia, en excedencia de la Universidad de Sevilla.
** Stéphanie Hennette-Vauchez es profesora de Derecho de la Universidad de París Oeste Nanterre La Défense.
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Por: María Jimena Duzán
Fuente: Semana – Colombia
¿Por qué no se está investigando a las personas que recibían, calificaban y seleccionaban a los beneficiarios de los subsidios?
Yo no sé si el exministro de Agricultura Andrés Felipe Arias va a salir bien o mal librado del escándalo de Agro Ingreso Seguro (AIS). Lo que sí sé es que no le está diciendo la verdad al país cuando afirma que él no “tuvo ninguna injerencia ni técnica ni financiera” en el proceso de adjudicación de unos subsidios provenientes del programa AIS.
Hagamos un poco de historia a ver si se le refresca la memoria: en enero de 2005, a los pocos días de nombrado, varios de los funcionarios recuerdan la energía con la que el ministro anunció la creación de ese programa. Al otro día y por disposición suya se creó una nueva dirección dentro del Ministerio, que se llamó Dirección de Agro Ingreso Seguro, la cual empezó a funcionar en una oficina contigua a la suya, encargada del diseño, montaje y puesta en marcha del programa AIS. Arias, que ahora dice que no tuvo nada que ver con este programa, contrató a los más importantes profesionales y nombró director a Juan Camilo Salazar, con un sueldo de 14 millones de pesos, muy superior al de 4 millones que tenían los directores técnicos de planta del Ministerio.
Esa no era la única diferencia: ellos eran contratados a través de IICA-OEA, mientras que los demás funcionarios eran de planta del Ministerio. Evidentemente fue el IICA el que contrató a estos profesionales, pero quienes obtuvieron el empleo eran personas que había seleccionado el ministro Arias, de la misma forma que José Obdulio Gaviria fue contratado a través del PNUD por petición del propio presidente Uribe.
A lo largo de 2006 y 2007, Arias siempre estuvo rodeado por Salazar, quien entraba y salía de su despacho como si fuera su mano derecha y lo acompañaba sistemáticamente a las visitas regionales. En esa época Arias, quien hoy niega esa progenitura, se ufanaba de ser el padre del programa. Sería tan cercano Arias a esta Dirección que en enero de 2008 nombró a Juan Camilo Salazar como su viceministro.
Desde 2006 hasta 2009 se hicieron seis convenios. Tres sirvieron para pagar los honorarios del personal de AIS que operaba bajo las instrucciones del ministro y los otros tres se utilizaron para entregar la operación de la convocatoria de riego y drenaje. Durante estas convocatorias fue cuando la revista Cambio denunció un fraccionamiento de cinco predios por cuenta de acaudaladas familias de la costa: Lacouture, Vives, Dávila y Abondano, entre otras.
Lo curioso es que a pesar de que toda esta historia la conocen la Procuraduría y la Fiscalía, a ninguno de los dos entes le ha parecido relevante. Por el contrario, la Procuraduría abrió un pliego de cargos en contra de 12 funcionarios de planta del Ministerio, a sabiendas de que ninguno de ellos tuvo injerencia directa en la operación del día a día de AIS. Y lo más sorprendente es que los cargos principales se les imputan a dos funcionarios que no tuvieron que ver con la selección de los beneficiarios para la entrega del subsidio: Camila Reyes, directora de Comercio y Financiamiento para el convenio de 2007, y Javier Romero, director de Desarrollo Rural. Pero lo más truculento es que quienes terminan señalando a estos dos funcionarios son varios subalternos de Arias en el Ministerio. Tal es el caso del viceministro de la época, Fernando Arbeláez, quien en un interrogatorio ante la Procuraduría afirmó que la señora Reyes fue la autora no solo del convenio, sino que comprometió los recursos del Ministerio por 47.000 millones. ¿Quién puede creer que un ministro como Arias haya permitido que una subalterna de cuarto nivel comprometiera un presupuesto de tal tamaño, sin que él estuviera enterado?
Lo que se ha podido establecer es que tanto Camila Reyes como Tulia Eugenia Méndez, Javier Romero y Oskar Schroeder sí participaron en los trámites previos para la firma de los convenios, pero que quien los firmó fue Andrés Felipe Arias. Y no deja de ser curioso que el cargo imputado por la Fiscalía contra estos cuatro, el de celebración de contratos sin el lleno de los requisitos legales, se les imponga a unos funcionarios de cuarto nivel y no al ministro. También sorprende que ninguno de los contratistas de AIS, que fueron los que estructuraron todo el andamiaje de esos tres convenios, esté investigado ni por la Procuraduría ni por la Fiscalía. Entre ellos, Julián Gómez, el hijo del magistrado de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia Alfredo Gómez Quintero.
Pero lo que ya sí raya con el absurdo es que tanto la Fiscalía como la Procuraduría han centrado sus investigaciones solo en los tres convenios de riego y drenaje sin tener en cuenta que la irregularidad ocurrió en la entrega de los subsidios de la convocatoria, donde se entregaron los dineros a las familias antes mencionadas. Eso es lo mismo que tratar de buscar la fiebre en las sábanas. ¿Por qué no se está investigando a las personas que recibían, calificaban y seleccionaban a los beneficiarios de los subsidios?
Lo que ni la Fiscalía ni la Procuraduría quieren ver es que las reglas para la entrega del subsidio, que es donde está el problema, fueron estructuradas por la Dirección de AIS (ver documento) y aprobadas por Andrés Felipe Arias como ministro (ver documento).
Entre las mentiras de Arias y la actuación errática de la Procuraduría y de la Fiscalía, la verdad en este escándalo va camino a ser sepultada.
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