Por: Carlos Caballero Argáez
Fuente: El Espectador – Bogotá, Colombia
La infraestructura física colombiana es una gran vergüenza nacional e internacional.
No puede ser que estemos condenados a que las cosas no se puedan hacer bien por la ineptitud y la corrupción.
Los desastres invernales y los escándalos han sacado a la luz pública elementos aberrantes de lo que sería la “tragedia colombiana”. Como en las obras de teatro, el drama mueve a la compasión o al espanto para que los espectadores reflexionen sobre el enigma del destino humano.
En nuestro caso, las catástrofes, el drama de millones de personas y los múltiples ‘carruseles’ plantean la pregunta de si estamos condenados a la desgracia o si el mal gobierno y la corrupción están en la raíz de ese destino. Es, en esencia, el enigma sobre el destino de Colombia.
Es obvio que el país no estaba preparado para enfrentar un invierno como el que hemos tenido. Que ha sido excepcional, es cierto. Otros columnistas lo han analizado con tino, anotando que, o no existen las instituciones estatales para afrontar las consecuencias del invierno porque se desmontaron las creadas en el pasado, o las que existen no funcionan y están permeadas por la corrupción. Esto es una realidad. Lo peor es que algunas de las diseñadas recientemente, como las que conforman el sistema nacional ambiental -el Ministerio de Ambiente y las corporaciones autónomas regionales, entre ellas- recibieron apoyo político y recursos financieros, pero no hicieron su tarea, incumpliendo los mandatos constitucionales y legales. Y propiciando el daño humano, social, económico y físico que estamos presenciando.
La infraestructura física colombiana es una gran vergüenza nacional e internacional. Bogotá, también. No puede alegarse la falta de recursos financieros o técnicos. La politiquería impidió construir las grandes troncales viales que el país requería desde hace 60 años. Una muestra de ello son el ‘Plan 2.500′ del gobierno anterior, que quedó en nada o la calle 26 en Bogotá.
La corrupción, el clientelismo y el afán de lucro acabaron con la ingeniería. Con razón, el rector de la Universidad de los Andes, en una entrevista que concedió a la revista Semana, expresaba su preocupación por el ‘deterioro ético del país’. Añadía que había ejercido la ingeniería por muchos años antes de entrar a la rectoría y que “el mundo era absolutamente diferente al que existe hoy”, porque las firmas de ingeniería habían desaparecido (Semana, 25 de abril de 2011, pág. 44). El hecho es que ya no hay empresas de ingeniería sino de contratistas del Estado, con más abogados que ingenieros.
El asunto es muy grave. Debería llamar a una reflexión profunda de la sociedad civil. Empezando por los mismos estamentos universitarios. ¿Qué pasó con la ingeniería en Colombia? ¿En dónde fallaron las facultades de ingeniería? ¿El problema fue graduar profesionales sin criterios éticos? ¿El afán de lucro rápido dio al traste con los conocimientos técnicos y la moral de los nuevos profesionales? ¿Qué clase de profesionales del derecho están saliendo al mercado laboral? Y las sociedades profesionales, ¿rebajaron sus estándares? Estos interrogantes y muchos otros ameritan analizar el tema con seriedad y altura intelectual, en cada universidad y asociación profesional y, desde luego, en el Estado.
Pero volvamos al enigma sobre el destino de Colombia. No puede ser que, como en las tragedias griegas, el desenlace sea siempre fatal. Que estemos condenados a que las cosas no se puedan hacer bien por la ineptitud y la corrupción. Tratemos de resolver el enigma.