Por: Daniel Samper Pizano
Fuente: El Tiempo
Caricatura: Langer
Numerosos casos y estudios recientes revelan la magnitud de la podredumbre administrativa en Colombia
Sospecho cada vez con más firmeza que la corrupción se chupó a este país, sobre todo ante los escándalos de los últimos días. Ya los contratos de obras en Bogotá nos habían molido con su descaro, su elevado monto y la impunidad de los principales acusados, que dictan desde Miami sus declaraciones judiciales, llamadas “deposiciones” con comprensible sindéresis.
Siguió luego el informe de Semana sobre las prebendas que reparte el Consejo de la Judicatura, donde muchos jueces ocupan un efímero cargo auxiliar y, gracias a esa “palomita”, se jubilan con pensiones multimillonarias. El truco cuesta a los contribuyentes 140.000 millones de pesos. ¿Qué diferencia hay ya entre un empresario que esquilma al Estado mediante contratos leoninos y un magistrado tramposo, que defrauda la legalidad y dignidad de la República?
Pronto surgió un nuevo escándalo: el abogado Ramón Ballesteros, colaborador de ilustres personajes, profesor de Derecho y ex director alterno del Partido Liberal, se destapó como pícaro confeso. Su intento por comprar testimonios falsos siembra nuevas dudas sobre el sistema de repartir condenas a base de declaraciones extraídas a siniestros delincuentes que mienten atraídos por la rebaja de penas: testimonios que a veces las autoridades acogen con la reverencia y credulidad que merecerían las palabras de un profeta bíblico o un premio Nobel.
Remató tanda la noticia de que los subsidios y préstamos otorgados en el gobierno pasado a través del programa Agro Ingreso Seguro no eran tan inocentes como lo proclamaba el ex ministro Andrés Felipe Arias. Por no serlo, la Fiscalía General acaba de acusar a 22 personas de diversos delitos económicos. Dicho sea de paso, dos de las pocas noticias buenas de los últimos días en este campo han sido la posesión de Viviane Morales, una Fiscal de armas tomar, y el avance en el Congreso del Estatuto Anticorrupción que presentó el ministro Germán Vargas Lleras.
¿Nos chupó la corrupción? Así lo cree el 63 por ciento de los colombianos, según encuesta Gallup publicada el viernes, y así lo corroboran varios estudios. El más reciente, de la Auditoría General de la Nación, asegura que el Estado recupera apenas 8 de cada 1.000 pesos malversados o robados. Hace un año, la misma oficina calculó que el 10 por ciento de todos los presupuestos públicos se desvía a pagos indebidos. Este porcentaje significa 18 billones de pesos anuales, pero es menos pesimista que el 12,9 por ciento que, de acuerdo con el zar anticorrupción, se comen los sobornos y serruchos de la contratación pública. La Auditoría afirma que el sistema de controles internos cuesta una barbaridad y sirve de poco. Hay más de 4.500 dependencias de control interno, muchas de las cuales no cumplen su cometido o acaban corrompidas, como afirma la Fiscalía que lo ha hecho en el vergonzoso “carrusel de contrataciones” el contralor de Bogotá, Miguel Ángel Moralesrussi.
¿Nos chupó la corrupción? Las cifras dicen que sí: cursan 26.000 investigaciones por cohechos, concusiones y peculados. De ellas, la Justicia solo alcanzará a fallar algunas. Las demás terminarán en un oscuro limbo, que beneficia a los corruptos. También dicen las cifras de Transparencia Internacional que somos tierra abonada para la podredumbre administrativa. De 138 entidades que investigó esa organización, solo cuatro revelan bajo riesgo de corrupción, y la mayoría se ubica en riesgo medio, alto o muy alto. Entre las instituciones más corrompidas figura el Congreso de la República.
Ante semejante estado de cosas, ¿cómo no aceptar que la corrupción nos está chupando, noqueando, devorando?
ESQUIRLA. Una forma refinada de corrupción política es la reforma del censo electoral (artículo 47 de la Ley 190 del 2010), que expulsa del bloque de votantes a quienes se abstuvieron de depositar su sufragio en las últimas elecciones y omiten inscribirse de nuevo. De este modo, 15 millones de ciudadanos, muchos de ellos opositores o abstencionistas desencantados, dejan de existir ante las urnas, en un recorte antidemocrático de sus libertades.
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