Una decisión soberana de Venezuela ha generado en los últimos meses extenuantes filas enfrente de las dos oficinas de atención al público de la cancillería colombiana en Bogotá. En aras de controlar su flujo de divisas, el gobierno de Caracas empezó a exigir un certificado de residencia y de parentesco a los compatriotas que envían remesas desde Venezuela a sus familiares en Colombia. Esos documentos requieren una apostilla que expide el Ministerio de Relaciones Exteriores.
Pero Venezuela no es el único vecino que ha complicado los requisitos. A raíz de la crisis diplomática con Bogotá, Ecuador volvió a exigir el certificado judicial para el ingreso de colombianos a su territorio. Pero ahora el documento también necesita ser apostillado y esto ha desembocado en traumatismos en la circulación de turistas, comerciantes y empresarios de ambos países. Así, la apostilla, un sello internacional de notaría, se ha venido convirtiendo en un engorroso trámite que ha desbordado la capacidad de las autoridades.
De un plumazo, la Cancillería pasó de expedir 3.500 apostillas diarias a 8.000 -la mitad relacionada con colombianos en Venezuela-. Sin lugar a dudas, la inmediata sobredemanda ha superado los recursos logísticos y humanos del Ministerio -que casi ha colapsado ante las miles de personas que diariamente hacen cola para obtener este requisito-. A lo anterior se suman las hordas de tramitadores, verdaderas mafias que monopolizan cientos de turnos para luego venderlos al mejor postor. Asimismo, otros trámites que necesitan apostillas, como adopciones e inversiones extranjeras, han empezado a sufrir demoras en su expedición.
Sería injusto afirmar que el Ministerio no está haciendo nada. De hecho, ayer anunció una línea telefónica para agilizar el procedimiento, además de descentralizar la atención y contemplar la declaratoria de urgencia manifiesta. Sin embargo, las medidas tomadas no están produciendo los resultados esperados y la descongestión no parece estar cerca. Independientemente de que estas colas sean producto de los vecinos, la Cancillería está en la obligación de responderles con celeridad a quienes a diario precisan de estos trámites.
Es perentorio negociar con las autoridades venezolanas la flexibilidad de este requisito, pues con Ecuador las cosas se ven más difíciles. De igual manera, que se amplíe el abanico de recursos para que la normalidad retorne lo más pronto posible a los servicios de apostillamiento de la Cancillería.
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